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Luego de exhortar al titular del Gobierno Federal, Andrés Manuel López Obrador, a que se «conduzca con respeto» y brinde un trato digno a las entidades federativas en materia de apoyos para la atención de la pandemia por el virus Covid-19, el Diputado federal por Jalisco, Juan Carlos Villarreal Salazar, presentó este martes 21 ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para solicitarle que se convoque, con carácter de urgente, a la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria.
El objetivo de dicha propuesta es que se revise el pacto fiscal con la Federación y los Estados, en especial en el marco de la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro país.
Al respecto, el Diputado Villarreal Salazar precisó que «la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 Covid-19 (Coronavirus) hace indispensable que sociedad y Estado, en sus tres órdenes de gobierno, trabajemos en unidad, no solo en el discurso, sino también en los hechos».
Dijo que esta iniciativa se presenta ante la mínima o casi nula voluntad de diálogo que ha mostrado el titular del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a los recursos que la federación ha destinado a la atención de la pandemia, así como de los mecanismos empleados para hacer llegar los insumos a las entidades.
Asegura que alcaldes y autoridades estatales han acusado falta de liderazgo por parte del presidente de México, «Señalan que no ha propiciado coordinación en la implementación de las medidas de mitigación y prevención de contagio. Hemos iniciado la etapa 3 de la pandemia y hasta el momento son evidentes las deficiencias del sistema de salud federal, la información deficiente y las contradicciones entre el presidente y las autoridades sanitarias».
El Diputado federal tonalteca argumentó que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Puntualizó que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece la conformación de una federación compacta para cohesionar a la nueva nación sin un sistema federal radical, pues eso podía desintegrar el país. Asimismo el artículo 40 de la Constitución Federal, establece una República compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Remarcó que, en este complejo contexto que enfrenta nuestro país, el Pacto Federal sigue teniendo la finalidad de promover un desarrollo equitativo entre todos los que integran la federación, eliminando aquellos aspectos que pretenden perpetuar asimetrías y rezagos.
«En contravención a ello, desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, el partido oficial ha llevado a cabo acciones para debilitar la esencia bajo la cual surgió el pacto federal. Un caso muy representativo de dicho menoscabo al Pacto Federal es el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018».
En el Decreto en comento, entre otras cuestiones, destaca que en el artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quedó establecido que el Poder Ejecutivo contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, las que tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de programas con algún beneficio directo a la población.
Añadió que esta última figura, conocida como “superdelegados” tuvieron como espíritu la simplificación de la entrega de programas federales, no obstante, en la práctica ha quedado de manifiesto que viola el Pacto Federal y han fungido como operadores electorales de Morena, funcionando como un esquema de precandidatos que hacen campaña permanente con recursos de la federación.
En este sentido, Juan Carlos Villarreal señaló que durante su primer año en funciones, la Secretaría de la Función Pública informó que los “superdelegados” de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora eran investigados por el posible uso irregular de programas sociales.
«Ante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del Covid 19, el Estado de Jalisco lejos de contar con el respaldo del gobierno federal ha sido objeto de distintas acciones para dificultar una respuesta efectiva del gobierno estatal a los ciudadanos, tal como fue el caso de los bloqueos para importar las pruebas rápidas para la detección del Covid-19. Es en este contexto que el Gobierno de Jalisco al igual que otras entidades federativas se han planteado la necesidad de reflexionar sobre la redefinición del Pacto Federal».
Puntualizó que para dimensionar el aporte de Jalisco a la federación y la forma inequitativa en la que ha sido tratado a pesar de su aportación, basta mencionar que de acuerdo con las declaraciones del gobernador de la entidad, los trabajadores y empresarios de Jalisco aportan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recursos adicionales cada año de lo que cuesta la operación del Seguro, es decir, se gasta en los servicios de atención, de mantenimiento y operación de todos los hospitales del Seguro y quedan libres 10 mil millones de pesos, recursos que se van a lugares distintos.
