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La violencia hacia las niñas y mujeres es un problema estructural que va en aumento y que pasa por la impunidad y la falta de leyes que definan, de manera homogénea, qué se entiende por feminicidio, declaró este miércoles Rosa Rojas Paredes, Coordinadora de la Cátedra UNESCO sobre Género, Liderazgo y Equidad, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, la especialista recordó que en la entidad, entre 2015 y 2019, el número de asesinatos de mujeres por razón de género incrementó de 426 a mil 006. En 2020 han sido reportados 489 feminicidios, lo que significa 7.7 por ciento de aumento con respecto al año anterior.
“Es una violencia que verdaderamente indigna y que ha generado las manifestaciones y protestas de un conjunto de colectivos feministas y de organizaciones de la sociedad civil que están buscando justicia para este fenómeno; pero, sobre todo, que existan políticas que frenen y que den atención a las demandas de las mujeres en términos de mayor seguridad, respeto y protección de sus derechos”, señaló.
Dijo que la violencia contra las mujeres es un “asunto de orden estructural” debido a la falta de “políticas públicas adecuadas” que permitan mejorar las condiciones de las mujeres y erradicar la violencia hacia ellas. Además, las legislaciones estatales se quedan cortas en cuanto a la tipificación y castigo de los feminicidios.
“La ley es todavía muy imperfecta y si bien es cierto que se ha tipificado el delito del feminicidio, el problema es que hay una diversidad de maneras de formularlo en los códigos penales de las 32 entidades federativas. Por eso, una tarea urgente es armonizar la legislación en términos de que se tipifique como un delito autónomo en todas las entidades del país, y que se contemple una figura común que permita sancionarlo y castigarlo de manera contundente”, subrayó.
El miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, Alfonso Partida Caballero, argumentó que no todos los asesinatos de mujeres pueden ser considerados feminicidios, y hacerlo incide en la impunidad que hay en este tipo de casos.
“Al negarnos a ver la diferencia entre la violencia feminicida que mata a las mujeres en su casa y que está relacionada con la violencia familiar y sexual, a la violencia homicida que cobra a mujeres y hombres como víctimas, difícilmente podremos pretender remediar la una y la otra”, explicó.
Recalcó que en la entidad hay “un grado enorme de impunidad”, pues solamente se castiga uno de cada 200 homicidios y uno de cada 400 feminicidios, aunque las cifras oficiales en cuanto al número de asesinatos contra mujeres por razón de género no son certeras.
“Tenemos un verdadero conflicto en Jalisco, sobre todo porque se simulan las cifras y existe un discurso tramposo para tratar de esconder los datos reales, porque si nos vamos a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos sólo en octubre ocho carpetas de investigación por feminicidio, cuando nos dicen que hay 40 carpetas de investigación en todo el año; pero los organismos de víctimas nos hablan de 220. ¿Qué es lo que sucede? Que simplemente no se hacen las investigaciones y no se contabilizan los feminicidios y se van por otras causas, y la Fiscalía es poco profesional y eficaz en la investigación”, expresó.
Los especialistas coincidieron en que uno de los retos de Jalisco en este ámbito son mejorar la normativa y sanciones para los agresores, además de la profesionalización de los cuerpos de seguridad en materia de género y feminicidios para que los casos sean investigados de manera exhaustiva.
