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La edificación de un conjunto habitacional en la colonia Lafayette, de Guadalajara, ha provocado daños estructurales en viviendas aledañas al mismo. Lo peor, de acuerdo a Francisco Javier Dueñas Pineda, propietario de una de las casas afectadas, ubicada en la calle Juan Ruíz de Alarcón, esta construcción se inició al margen de los Planes Municipales de Desarrollo.
Dueñas Pineda, agregó que aunque hay resoluciones judiciales a su favor, es fecha que la constructora no hay solventado la reparación de daños a los que se comprometió.
Fue a finales del 2007, cuando la empresa “Proyectos Inmobiliarios Condac S.A. de C.V.”, adquirió el inmueble ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón número 221, en la Colonia Americana en el municipio de Guadalajara, con la intención de edificar 2 torres residenciales, desarrollo que actualmente cuenta con innumerables juicios en proceso y gravámenes.
Es importante mencionar que para poder edificar dichas torres, la constructora obtuvo dos créditos hipotecarios, para posteriormente obtener los permisos correspondientes y dar inició a la pre venta; durante la construcción presentaron serios problemas de liquidez aún y cuando ya habían enajenado 24 unidades razón por la que se detuvo la edificación hasta que se contara con los recursos para continuar con la construcción.
Durante este tiempo algunos de los compradores se inconformaron y pidieron la devolución de su inversión, lo cual acrecentó los problemas de liquidez de la constructora, la cual no pudo continuar con la construcción de las torres, así como que tampoco pudo cubrir lo correspondiente al pago de las hipotecas, afectando no solo a compradores sino también a proveedores.
Debido al impago en el que cayó la constructora, diversos proveedores, así como la propia hipotecaria procedieron a reclamar en la vía judicial el pago de sus adeudos, sin embargo, ante la situación que presentaban las torres, llegaron a un acuerdo con la propia constructora, en la cual generarían un esquema con la intención de cumplir con las obligaciones hacia los compradores, lo cual no fue del todo cierto.
Dicho esquema se trataba nada mas y nada menos que de un entramado financiero, con la única intención de ahuyentar a los antiguos compradores con el objeto de dificultarles la recuperación de su dinero o en todo caso de la entrega de la unidad habitacional adquirida, para así hacerse ilegalmente de la mayoría de unidades por medio de extorsiones y amenazas sin fundamento.
Para lograr su cometido se constituyó un fideicomiso en el cual se instituyeron como primeros beneficiarios de la venta los proveedores y acreedores, en segundo termino los compradores ya reconocidos, además sin que estos últimos participaran en la constitución de dicho fideicomiso. Así mismo, a los compradores no se les reconoció la adquisición de un departamento, sino que solo les reconocieron su aportación.
Así las cosas, es de resaltar que han pasado más de 10 años que inicio la construcción y preventa de las dos torres, por las cuales hay 24 compradores, siendo una de éstas María Elena Limón García, actual presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, quienes adquirieron una propiedad y que a la fecha se encuentran totalmente terminadas, sin embargo, es fecha que no pueden disfrutar de ese bien adquirido.
Es importante señalar que existen peritajes, así como que dichos constructores tienen pleno conocimiento de diversos dictámenes periciales realizados, en los cuales se demuestra plenamente que el diseño y construcción de dichas estructuras no fueron realizados de la manera debida, por lo cual presentan fallas estructurales que no solo ponen en riesgo la estabilidad de dichas estructuras, sino la vida tanto de quienes pudieran habitarlas, como de los propios transeúntes. Además encuentra sustento en el hecho de que los propios constructores cambiaron arbitrariamente y sin darle el aviso correspondiente a la autoridad municipal; el proyecto con el cual se había tramitado y obtenido la licencia de edificación.
