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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos, a raíz de la contaminación ambiental en el vaso lacustre y el Lago de Chapala.
Estas medidas se lograron gracias a una petición de medidas cautelares que presentaron pobladores ante este organismo internacional, con el apoyo de especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Esto ya no es una recomendación para ver si la aceptan o no. Es obligatoria porque México aceptó la jurisdicción del sistema interamericano en su acatamiento y observancia”, dijo la abogada ambientalista, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), doctora Raquel Gutiérrez Nájera.
La catedrática informó que la CIDH emitió el 5 de febrero de este año y notificó este viernes 7 de febrero la Resolución 07/2020. Ella fue quien presentó los argumentos en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, en julio de 2019.
Estos trabajos se derivaron de un trabajo conjunto entre la Clínica Internacional de Derechos Humanos del CUCSH que encabezaba el egresado de la UdeG y maestro en derecho por la Universidad de Harvard, Ángel Gabriel Cabrera Silva, con el Instituto de Defensa Ambiental.
Realizaron un trabajo técnico y documentado de cuatro meses, con recorridos de campo, recopilación de evidencias documentales, estudios médicos y entrevistas a pobladores. Finalmente fue presentada el 18 de julio de 2019.
“La firmaron pobladores de Juanacatlán, El Salto y San Pedro Itzicán, que pertenece a Poncitlán, así como organizaciones de la Red Agua para Todos a nivel nacional. La presentamos con todos los anexos de forma física y hablamos con los abogados de la Comisión durante una hora o más para explicarles el caso y la trascendencia y como, a pesar de los esfuerzos estatales, municipales, y de la macrorecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no había avances”, explicó la doctora Raquel Gutiérrez.
Dijo que en los estudios se documentó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019.
La Comisión Interamericana solicitó información al Estado Mexicano sobre las políticas públicas con miras a la recuperación del río y el saneamiento y resolvió que la principal medida de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no era suficiente ni idónea, además de que los centros de salud y la atención médica para los pobladores era precaria.
“La trascendencia de esto es que acuerdan emitir medidas para preservar vida, integridad personal y salud de pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, del Estado de Jalisco. Segundo: emiten medidas para que el Estado realice diagnóstico médico y especializado tomando en cuenta la contaminación del Río Santiago y, tercero, que realicen la atención médica adecuada, disponible, accesible y de calidad a todos los pobladores”.
Apuntó que las medidas que el Estado Mexicano adopte, deben ser realizadas con el visto bueno de los beneficiarios y sus representantes. También se solicitan medidas para mitigar las fuentes de riesgo, como las descargas directas e indirectas sin control y las que se ocasionan por lluvias con los pesticidas.
“Estas medidas son obligatorias al gobierno de México. Le dan 15 días para que informe sobre estos aspectos que está emitiendo. Nosotros veíamos como el gran ausente a la federación, y con estas medidas, ahora deben responder. El problema abarca al Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Me parece que el reto ahora es sentarnos con esos tres niveles a buscar, como bien dice el acuerdo de medidas cautelares, junto con los beneficiarios y afectados de la contaminación, para elaborar programa de saneamiento y de incidencia en atención a su salud. Ya no queda al arbitrio de la autoridad local, doméstica. Trasciende porque se supervisa lo que hará el Gobierno de México sobre este problema lacerante”, añadió Gutiérrez Nájera.
Y concluyó: “Vamos a comentarlo con los pueblos beneficiarios, que el Gobierno Federal, llámese Secretaría de Relaciones Exteriores o Subsecretaría de Derechos Humanos federal, se ponga en contacto con nosotros para implementar un programa de acción y junto con la gente lo diseñemos. La federación tendrá que sentarse para entender el gran problema”.
Explicó que este logro histórico, es un ejemplo de lo valioso que es que los investigadores cumplan con el papel de extensión que abarca la misión institucional de la Universidad de Guadalajara.
