Es deber del gobierno es garantizar seguridad de todas y de todos

Gabriela Godínez García

Las autoridades tanto municipales como estatales, son las responsables de los actos de violencia presentados hace unos días en la marcha del pasado 28 de septiembre, debido a que es su responsabilidad cuidar la integridad en este caso de las participantes, medios de comunicación que realizan la cobertura, así como de los ciudadanos que observan la manifestación.

“El deber del gobierno es garantizar seguridad de todas y de todos, en ese sentido es garantizar la seguridad de las mujeres que acudieron a la marcha, a través de diversos protocolos, pero también garantizar la seguridad e integridad física de quienes cubren la nota o de quienes simplemente van pasando por la ciudad y se dan cuenta de la marcha y la ven”, señaló la activista en derechos humanos, Laura Plascencia.

Mencionó que lo que aconteció el 28 de septiembre, no solamente se llevó a cabo en México, sino que fue parte de una acción global para buscar la agenda de derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo, esto debido a que en muchos países no se han cumplido con las recomendaciones internacionales en torno a esta agenda, además de la violencia sexual que afecta tanto a mujeres como a niñas.

Señaló que hacen falta políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y que incluyan la creación de medidas de prevención y atención, acceso a la justicia, atención a la denuncia cuando alguna mujer o niña en Jalisco es violada.

Además indicó que la manifestación es un derecho, sin embargo es grave que hubo violencia en una marcha donde se pretende visibilizar las agresiones contra las mujeres y la rabia que se siente por la falta de atención al incremento de muertes, violación, además de tener un estado inoperante que hace oídos sordos al reclamo y las denuncias de las afectadas.

Recordó que aquí en México en la zona de El Bajío, hay Estados que no han legislado en la materia e incluso si existen leyes, no se garantiza la interrupción legal del embarazo en las niñas o mujeres que llegan a las instalaciones de salud por un acto de violencia sexual, y Jalisco no ha sido la excepción, a dos años de la actual administración estatal no hay ninguna estrategia de prevención de la violencia en contra de las mujeres, ni campañas para disminuir el embarazo en adolescentes y la prevención y erradicación de la violencia sexual.

Plascencia mencionó que el último diagnóstico que elaboro la Comisión de Atención a Víctimas hablaba de una cifra alarmante de más de 500 mil casos de niñas y mujeres violadas durante un año en el país, cuyos casos quedan en total impunidad y silencio, debido a que el agresor es un conocido e inclusive un miembro de su familia, siendo Jalisco el Estado número 3 en casos de violencia sexual.

Cabe señalar que hace un par de semanas el Gobierno del Estado realizó un recorte al presupuesto para las mujeres de 35 millones de pesos, recursos que se podían haber destinado en la prevención y denuncia de actos de violencia, lo cual considera irracional por parte de la autoridad estatal.

“Tenemos un gobierno que no atiende el deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en Jalisco, además de que recorta presupuesto y también o responde de manera efectiva a la denuncia del movimiento feminista”, agregó que en la marcha se dio una afectación terrible a las mujeres que denuncia la violencia donde en el caso de Jalisco se cuenta con una Secretaria de Igualdad Sustantiva que no termina de cuajar.

 

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